Tarifa de último recurso eléctrica

Tarifa de último recurso eléctrica

Desde el 1 de julio de 2009 se estableció un nuevo sistema de tarifas de energía eléctrica en el que hay dos tipos de tarifas posibles para contratar un suministro eléctrico:

  • Mercado libre: En este mercado, el cliente elige la compañía que más le interesa. El precio no está determinado por el estado y se puede contratar la tarifa que más se adapte a sus necesidades..
  • Tarifa de último recurso (TUR): Son tarifas reguladas por el ministerio de Industria, Turismo y Comercio de forma trimestral. El cliente puede contratar con cualquiera de las comercializadoras de último recurso la tarifa de último recurso.

Tarifa de último recurso en vigor para la electricidad

CUARTO Trimestre 2013

Término Potencia €/kW y año

Término Energía €/kWh

Tarifa
Periodo 1
Periodo1
Periodo2
Periodo3
€/kW y año €/kWh €/kWh €/kWh
TUR sin discriminación horaria 35,649473 0,130485
TUR con discriminación horaria 2 35,649473 0,158548 0,055833
TUR con discriminación horaria 3 35,649473 0,159148 0,070678 0,046932

¿Qué es la tarifa de último recurso?

La tarifa de último recurso o TUR es el precio máximo que las comercializadoras de último recurso pueden cobrar a los clientes clientes que la tengan contratada.

En esta tarifa, se fija tanto el término de potencia como el término de consumo o de energía, que son las dos partes en las que se dividen principalmente las tarifas de luz.

El precio de esta tarifa varía según la potencia contratada del cliente y los periodos horarios de facturación.

Es única para toda España, no cambia para cada comunidad y está establecida por orden ministerial.

En el mercado libre de electricidad, las compañías tienen libertad para ofrecer los precios que consideren, pudiendo ser estos más baratos o más caros si lo desean.

¿Quién tiene derecho a la tarifa de último recurso?

Los consumidores que están conectados a baja tensión y tienen una potencia contratada igual o inferior a 10 kW.

¿Quién ofrece la tarifa de último recurso?

Aunque muchas comercializadoras ofrecen esta tarifa o muy similares, las empresas que ofrecen estas tarifas de manera oficial son las comercializadoras de último recurso de electricidad o también denominadas CUR.

Ventajas e inconvenientes de la tarifa de último recurso o TUR:

La tarifa de último recurso es una tarifa refugio que establece el gobierno como medida para controlar la liberalización del mercado energético.

Si es cierto que la implantación de esta tarifa ha protegido en cierta forma a los usuarios, pero ha limitado la velocidad de liberización del mercado limitando la competitividad de las ofertas de electricidad.

Actualmente existen tarifas más económicas que la tarifa de último recurso. Muchas de ellas están referenciadas a la TUR, de no exisitir esta tarifa, el mercado se basaría en tarifas fijas durante un periodo de tiempo que impulsaría la competitividad de las tarifas.

¿Por qué se me asignó la comercializadora que tengo actualmente?

A partir del 1 de julio de 2009, si no habíamos realizado los trámites para cambiarnos de comercializador, se nos asignó la comercializadora de último recurso de nuestra empresa distribuidora de luz.

De esta forma, el cliente final no vio afectada su forma de facturación cambiando tan solo el nombre de la empresa que emitía sus facturas.

Discriminación horaria de la tarifa de último recurso:

Existen dos modalidades de tarifa de último recurso, podemos contratar con discriminación horaria o sin discriminación horaria, es decir, con un coste de la electricidad constante a todas horas o variable según el momento del día en el que se consuma.

Las tarifas con discriminación horaria permiten reducir la factura de la luz a aquellos clientes que concentren su consumo en durante las noches principalmente.

Ahorrar con discriminación horaria

 

Ahorrar con discriminación horaria

La tarifa con discriminación horaria para usuarios con potencias contratadas inferiores a 15 kW (tarifas de acceso 2.0 y 2.1) se oferta de manera que a determinadas horas del día el consumo de electricidad resulta más barato, diferenciando entre periodos valle (más baratos) y periodos punta (más caros). Los tramos horarios de cada periodo varían en función de invierno y verano coincidiendo estos periodos con el cambio horario.

Tarifa nocturna

La antigua tarifa nocturna reducía la factura en un 55% durante las horas nocturnas mientras que se veía incrementada en un 3% en las diurnas. Estaba pensada para los consumidores que tuvieran una potencia inferior a 15 kilovatios.

En el año 2008 se llevó a cabo la eliminación de la llamada tarifa nocturna y la aplicación de la tarifa de discriminación horaria, un nuevo sistema de tarificación eléctrica en el que se aumentaba el coste en las horas punta en un 35% pero se amplía el número de horas valle de 8 a 14 horas diarias.

Precios de la discriminación horaria

El precio de las tarifas con discriminación horaria dentro de la tarifa de último recurso con discriminación horaria se ha visto incrementado de forma distinta a la tarifa sin discriminación horaria.

Los precios para los periodos donde la electricidad es más cara (periodos punta) se han incrementado en alrededor de un 6% mientras que los periodos donde la electricidad es más barata, se han visto reducidas en un 5% y 7% respectivamente.

Esta actualización de precios ha supuesto un incremento del 4,4% en el precio por kilovatio-hora de la tarifa de último recurso sin discriminación horaria.

A día de hoy el precio de la tarifa de último recurso con discriminación horaria en periodos punta es de 0.158548 €/kWh, mientras que en el resto de tarifas marcan 0.130485 €/kWh. En cambio en los periodos valle (más baratos) de discriminación horaria estarían a un precio de 0.055833 €/kWh, y en la tarifa que no posee discriminación horaria tendríamos el precio anterior, 0.130485€/kWh. Como observamos, siempre que el consumo se realice en las horas valle será más barato la tarifa de discriminación horaria.

El precio por kilovatio es el mismo el igual a 2,970789 €/kW y mes tanto en las tarifas con discriminación horaria como sin discriminación.

Discriminación horaria supervalle

Además de las tarifas 2.0DHA y 2.1DHA, existen las tarifas con tres periodos de discriminación horaria denominados 2.0DHS 2.1DHS. Estas tarifas destacan por tener un tramo denominado discriminación horaria supervalle en el que el término de consumo para este tramo es muy reducido (0.046932 €/kWh) durante determinadas horas de la noche.

El proyecto castor se para hasta conocer las causas de los seísmos

El pasado día 3 de Octubre se registraron varios seísmos enfrente de la costa de Vinaròs. La causa de  estos movimientos está siendo investigada por especialistas. Los dos motivos que se barajan son, que haya sido consecuencia de la  inyección de gas o una causa natural.

Almacenamiento de gas subterráneo

Son una serie de infraestructuras subterráneas que se utilizan para almacenar el gas. Antiguamente estas infraestructuras eran unos yacimientos de petróleo y gas natural. En estos almacenamientos se guarda la provisión para 50 días. El gas se transporta por unas tuberías a partir de un tramo submarino. El almacenamiento que ha dado problemas, en este caso es el del Castor.

Las inyecciones de esta materia en las infraestructuras del castor se realizan cuando es una temporada baja del uso de este servicio. Es un proceso largo que se lleva acabo alrededor de seis meses.

Hay dos tipos de gas con los que se trata en este proceso, el gas inyectado y el gas  de colchón. El gas inyectado se encarga de desplazar el agua que rellena los espacios libres de la roca que almacena y esta está sellada por otra roca impermeable. En cambio el gas de colchón es un gas que no es útil, pero este queda atrapado entre los poros y es necesario para el funcionamiento de la instalación

La extracción de esta materia se realiza en invierno para empezar a abastecer  a los diferentes hogares. Cuando se vacía el yacimiento vuelve a llenarse de agua y se establece de nuevo el proceso.

Revolución con el proyecto castor

El motivo de tanta revolución con el proyecto del castor, ha sido producido por que desde que empezaron con la inyección de esta materia. Han empezado a notar cambios en el terreno y las fallas están empezando a sufrir consecuencias que se ven reflejadas en los terremotos que se están produciendo en la zona del levante. En la provincias de Teruel, Castellón, Valencia, Tarragona.

El proyecto del castor pertenece a Florentino Pérez, el presidente del Real  Madrid. Esto ha sido una de la causas por las que se ha armado más revuelo.  A parte de por la importancia y gravedad del suceso.

El gobierno ha tomado medidas y ha pausado todas las inyecciones de gas, hasta que no haya una seguridad total para poder seguir realizando esta acción. El ministerio de Industria está trabajando para descubrir las causas y todo apunta a que tiene una relación, pero todavía no están seguros. Por ello se ha encargado un Informe al Instituto Geográfico y al Instituto Nacional Geológico Minero para estudiar  la relación de los seísmos con la inyección del gas.

Precio de dar de alta la luz

Precio de dar de alta la luz

Cuando se va a dar de alta la luz, ya sea porque el suministro está dado de baja o porque sea una vivienda nueva, el cliente debe saber el coste que tiene, cuando lo va a pagar y de que depende dicho importe. Esa cantidad económica es un pago que se realiza a la distribuidora eléctrica, a través de la factura de luz que se le paga a la comercializadora con la que tenga el contrato de suministro.

Derechos de acometida

Los derechos de acometida son los pagos realizados por el cliente a la distribuidora por la realización de la acometida eléctrica, encargada de conectar la instalación privada del cliente con la red de distribución eléctrica, propiedad de la distribuidora de la zona geográfica en la que se encuentre el punto de suministro.

Las tarifas de estos derechos tienen una caducidad de 3 años desde la última vez que se pagaron, dicho pago queda asociado al punto de suministro, no a la persona que los pagó. Por lo que, en la mayoría de los casos, cuando se da de alta un contrato de electricidad habrá que pagarlos.

Los derechos de acometida incluyen derechos de extensión y derechos de acceso, que se pagan en función a los kilovatios kW de potencia contratada, por lo que si un cliente quiere aumentar la potencia contratada, tendrá que abonar el coste de estos derechos.

Derechos de extensión

Se le pagan a la distribuidora por parte del cliente que solicita la ampliación o la realización de la acometida por las infraestructuras necesarias para dicho fin. Tienen un coste variable, en función de la potencia contratada o la potencia que se quiera contratar. Su precio es de 17,374714 euros por cada kilovatio (kW) de potencia contratada.

Derechos de acceso

Son los derechos que se le pagan a la empresa que le distribuye la electricidad al punto de suministro por el concepto de acceder a su red de distribución, no es pago por un concepto físico, sino que es una cuota. Su precio para instalaciones de baja tensión es de 19,703137 euros por cada kilovatio de potencia contratada.

Derechos de verificación

Este concepto se le paga a la distribuidora por verificar que el estado de la instalación eléctrica es correcto para ser enganchada a la red de distribución y recibir suministro eléctrico. Aquellos casos en los que es necesario presentar un boletín de instalación eléctrica quedan exentos de pagar dicho importe. En el caso de aumento de potencia, si la nueva potencia es inferior a la máxima permitida por la instalación y tiene menos de 20 años, no es necesario abonar dicho importe a la distribuidora.

Derechos de enganche

Es la remuneración que el cliente tiene que pagarle a la distribuidora por la realización del enganche de la red privada del usuario a la red de distribución eléctrica. Tienen un importe de 9,044760 euros por el desplazamiento y la actuación del técnico correspondiente de la empresa distribuidora.

Este coste se le cobra también a los clientes que quieran reducir la potencia contratada, aunque no paguen los derechos de extensión y verificación, pero equivalen al trabajo del técnico de acudir a la vivienda a cambiar el Interruptor de Control de Potencia por otro de menor amperaje, que limite la potencia de la instalación a otra potencia normalizada menor.

La nueva reforma eléctrica no promoverá el ahorro energético en la empresa

Desde hace unos años las políticas de ahorro energético han dejado de ser una cuestión relativa a los usuarios domésticos, de tal modo que las empresas y las organizaciones cada vez han ido tomando una mayor sensibilización en este asunto, lo que les ha llevado a racionalizar el uso de sus herramientas, programar horarios de iluminación, realizar fuertes inversiones en herramientas y aparatos más eficientes, en definitiva, a aplicar políticas energéticas más eficientes con un doble objetivo, de una parte un menor coste económico, y segundo promover una actividad empresarial más sostenible.

Pues bien, después de leer este artículo del diario El Boletín, en el que Javier García Breva, presidente de la Fundación Renovables, ha señalado por qué vía discurrirá el precio a pagar en nuestro recibo eléctrico:

El borrador de orden de peajes se ha aplicado el criterio de subir –en la tarifa más común de hasta 10 kw- un 72% el término de potencia y rebajar un 22% el de la energía.

De tal modo que estas políticas de ahorro energético a las que apuntaba en el primer párrafo cada vez intervendrán menos en el importe final de nuestra factura, debido a que se vinculará más a la potencia contratada en lugar del uso que hagamos de esta.

Esta situación, como empresas, nos obligará a replantearnos cuál será nuestra potencia contratada, evitando pagar por una capacidad excesiva, y valorar si merece la pena exponernos al riesgo de no poder asumir un incremento de las operaciones como consecuencia de desviaciones de la producción.

Industria gravará con un peaje la producción casera de electricidad

El Gobierno tiene la determinación de que el autoconsumo energético —producir tu propia energía mediante paneles fotovoltaicos o minieólicos y consumirla en el momento—, se implante de forma muy controlada y sin perder de vista “la compleja situación económica” que afecta al sector eléctrico. El borrador del decreto de autoconsumo —esperado como agua de mayo por numerosos consumidores para ver si se podían ahorrar unos euros en su factura— ha incluido un peaje, denominado “de respaldo”, que, de momento, sube la tarifa de quienes lo utilizan.

El decreto sobre autoconsumo ha llegado con más de un año de retraso. El Ministerio de Industria lo remitió el jueves a la Comisión Nacional de Energía, que tiene 15 días para emitir un informe que será oído, aunque no sea vinculante.

La redacción del texto reserva al Gobierno la capacidad de subir o bajar la cuantía de este peaje dependiendo de cómo vaya la implantación de estos modelos de autogeneración eléctrica. Uno de los grandes miedos de las eléctricas es que la autogeneración se descontrole y el sistema actual colapse.

Las cuantías de los primeros peajes de respaldo se incluyen en el borrador del decreto elaborado por el Ministerio de Industria. Según cálculos de la Unión Española Fotovoltaica (Unef), el peaje de respaldo que se pagará por generar energía en un domicilio será un 27% más alto que si se opta por el consumo convencional y se abona el peaje por el uso tradicional de la red. La asociación, que agrupa a unas 300 empresas y representa a un 85% del sector, critica que se impida el ahorro de los consumidores y se paralice la entrada de nueva competencia en el mercado eléctrico.

El autoconsumo está consolidado en EE UU o países como Holanda

En los últimos cinco años los consumidores han visto cómo los precios de la tecnología fotovoltaica han bajado un 80%. En un contexto de crisis en el que las tarifas de las eléctricas no hacen más que subir, producir su propia electricidad con paneles solares o molinillos se había convertido en una alternativa de ahorro muy interesante. Se ha desarrollado un pequeño mercado de autoconsumo instantáneo, amparado por un decreto de 2011, en el que se han integrado sobre todo industrias y comercios, que conseguían reducir sus facturas energéticas y mejorar su competitividad. Cuando se apruebe el decreto de autoconsumo tienen dos meses para inscribirse en un registro oficial y comenzar a pagar estos peajes. En caso contrario, se enfrentan al corte de suministro o a sanciones que llegan a los 30 millones.

Aunque en España sea relativamente nuevo, el autoconsumo energético está más que consolidado en países como Estados Unidos (sobre todo en California) u Holanda. Es el camino hacia el que se dirigen las políticas de la Unión Europea. Lo habitual en los países en los que se ha implantado es que se incentiven estas prácticas bonificando los peajes, permitiendo a los consumidores que viertan energía a la red y la recuperen cuando la necesiten u ofreciéndoles la posibilidad de venderla a la compañía eléctrica, algo que no ocurre aquí.

El decreto nombra las bondades del sector renovable y la eficiencia energética, así como las múltiples directivas europeas que las promueven. Sin embargo, no esconde que se busca una “evolución gradual” del autoconsumo que no atente contra el conjunto del sistema eléctrico. Habla de “dirigir” el desarrollo de este “novedoso mecanismo” y considera un “reto adicional” su integración en el sistema.

La energía sobrante que se vierta a la red no será remunerada

El Gobierno del PP considera que tener muchos puntos que puedan emitir energía puede ser beneficioso para un sistema de grandes centrales como el español, sobre todo en lo relativo a las pérdidas de red —que suponen entre un 10% y un 15%—. Acto seguido subraya que la generación distribuida (tener muchos productores de electricidad) no reduce los costes de mantenimiento de transporte y distribución, ni los costes ajenos al suministro que se incluyen en los peajes de acceso. “En algunos casos podría provocar costes de inversión adicionales en las redes para adecuarlas”, justifica.

La venta de excedentes energéticos —facilitar que se venda o intercambie la energía que no se utilice— se contempla como un “objetivo”, pero no se ha desarrollado. De hecho, el texto especifica que las cesiones de energía eléctrica a la red pública “no podrán llevar aparejada contraprestación económica”. La modalidad conocida como balance neto —que consiste en aportar energía sobrante a la red para luego recuperarla cuando se necesite en la misma cantidad— no se contempla de momento.

Otras tecnologías, como la cogeneración, consiguen salvarse de estos peajes hasta el 31 de diciembre de 2010. “Se trata de excepciones”, explica David Arzoz, vicepresidente de la asociación de empresarios Cogen España. “Las plantas que estaban vendiendo energía podrán continuar hasta este plazo, pero las que hacían autoconsumo y las que se construyan tendrán que pagar este peaje y ya no será rentable”, añade el representante de esta asociación especializada en cogeneración.

Fuente: El País

El Gobierno prepara un nuevo modelo de factura de la luz para reducir su complejidad

El Ejecutivo valorará nuevas subidas para atajar el déficit tarifario “valorando” la situación de consumidores e industrias

   El Gobierno está trabajando en un modelo de factura de electricidad tanto para consumidores de la Tarifa de Último Recurso (TUR) como para clientes en el libre mercado que reduzca su complejidad y mejore su transparencia.

   La nueva tarifa de la luz, señala el Gobierno, aumentará la transparencia de las condiciones contractuales y la posibilidad de cambiar de proveedor de forma rápida y eficiente, y aportará más información acerca de los consumos realizados y una presentación del recibo que permita hacer comparaciones con otras ofertas.

    Esta iniciativa forma parte de las ocupaciones actuales del Ejecutivo en materia energética, entre las que también figuran fórmulas para reducir los sobrecostes del sistema eléctrico, así como la opacidad de los contratos bilaterales entre sociedades de las mismas compañías eléctricas.

    Todas estas actuaciones aparecen recogidas en varias respuestas parlamentarias remitidas por el Gobierno a UPyD y se inscriben en la reforma energética para corregir no solo el déficit de tarifa, sino también para mejorar la eficiencia del sistema eléctrico.

    En sus respuestas a UPyD, el Gobierno ratifica además su objetivo de que el déficit de tarifa sea cero en 2013 e indica que, a la vista del contexto económico actual, abordará el equilibrio del sistema eléctrico “valorando su impacto tanto en los consumidores domésticos como en la competitividad del sector industrial”.

    En una de ellas, el Ejecutivo explica que está al tanto del reciente informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en el que se alude al aumento en un 71% de los sobrecostes del mercado eléctrico, hasta 1.200 millones de euros, e identifica una de las prácticas que más “distorsiones” provocan en el mercado. En concreto, alude a las ofertas que realizan algunas centrales térmicas por debajo de su mínimo técnico con el objetivo de pasar al mercado de restricciones y obtener un precio más alto por la electricidad.

    Esta práctica de las centrales térmicas es un “problema a resolver” y “forma parte del análisis de mecanismos que mejoren y optimicen el funcionamiento del mercado mayorista de electricidad que se está planteando realizar en el marco de la revisión de determinados aspectos del sector eléctrico”, dice. Contratos ‘intragrupo’

     Otro de los aspectos en los que trabaja el Gobierno se refiere a la puesta en práctica de mecanismos que aumenten la transparencia de los contratos bilaterales de electricidad y gas que se realizan entre sociedades ‘intragrupo’, especialmente entre generadores y comercializadores de una misma eléctrica.

    El objetivo de esta medida, explica, es “favorecer una formación transparente de los precios mayoristas, evitando que constituyan una barrera a la entrada para nuevos agentes y que sean conocidos por los supervisores de los mercados”.

    El Gobierno reconoce que la nueva exigencia de transparencia deberá resultar coherente con los principios de confidencialidad comercial de las empresas, pero no explica cómo resolverá este problema. Los nuevos mecanismos “están siendo valorados y deberá ser consistentes con la línea de actuación” de la reforma energética, añade.

Fuente: lavanguardia

Una rebaja envenenada de la tarifa eléctrica

El Gobierno mantiene congelados los peajes después de admitir un déficit tarifario de 4.000 millones del año pasado.

Cuentan las crónicas estos días que el Gobierno va a bajar la luz algo más de un 6% en abril en lo que supone el primer descenso desde 2009. Ambas afirmaciones merecen ser precisadas por erróneas. La luz no bajó en 2009 o, mejor dicho, su bajada resultó ilegal, según una sentencia del Tribunal Supremo, por lo que el Ministerio de Industria tuvo que compensarla subiendo posteriormente los peajes en la proporción en que los había bajado. Un nuevo error en este mismo sentido (congelar o bajar los peajes cuando los costes reconocidos a las empresas subían) obligó al ministerio a refacturar cautelarmente el año pasado los consumos de seis meses a los 29 millones de clientes que tiene el sistema.

La segunda matización es que no es el Gobierno el que baja la luz, sino que al congelar los peajes eléctricos, que es la parte regulada de la factura y supone la mitad de la misma, ha dejado “actuar al mercado”, tal como le gusta subrayar al titular de Industria, José Manuel Soria. Con lo cual, el precio de la energía que resultó en la subasta Cesur celebrada la semana pasada, será el único que se aplique en los próximos recibos (de forma automática y sin que el Gobierno pueda intervenir) y como dicho precio experimentó un importante descenso (algo habitual en los segundos trimestres y a pesar de los nuevos impuestos a la energía), efectivamente, la tarifa de último recurso (TUR) a la que tienen derecho los consumidores domésticos bajará una media del 6,6% a partir del día 1. En el caso de los clientes con discriminación horaria, la bajada alcanzará el 8%.

¿Existe en este caso algún peligro de que las eléctricas vuelvan a recurrir ante el Supremo la congelación de los peajes, que son los que financian el abultado déficit de tarifa que se les adeuda o buena parte de las primas de las renovables? La respuesta es no, pues para evitar ese riesgo, el Gobierno ya se ocupó el año pasado de cambiar la norma que establecía que los peajes deberían ser revisados cada trimestre para absorber, en su caso, las eventuales subidas de los costes del sistema. Por tanto, en estos momentos, la evolución del precio de la energía (fijado en la Cesur) se debe trasladar al recibo cada trimestre, pero en el caso de los peajes, es suficiente con revisarlos anualmente.

Aunque el Gobierno se ha apuntado el tanto de permitir que la luz baje, pese al déficit de tarifa de 4.000 millones correspondiente a 2012 que deberá titulizar, lo cierto es que no podía hacer otra cosa. Hace apenas un mes que había revisado los peajes (por primera vez, se aprobaron en febrero con fecha 1 de enero, por motivos políticos derivados del relevo en la Secretaría de Energía), y ya en el primer trimestre del año el precio de la energía había subido un 3%. Además, no hay que olvidar que a partir de este mes, y si no se indica lo contrario a la distribuidora, los recibos vuelven a ser bimestrales, lo que provocará un efecto óptico negativo entre los usuarios.

Aunque la norma le permitía haber subido ahora los peajes para sufragar la abultada deuda eléctrica, la cercanía de ambas revisiones complicaba esta decisión. Por otro lado, en distintas sentencias y autos, el Supremo critica que se juegue con los peajes para compensar o descompensar el resultado de la Cesur que es de obligada aplicación cada trimestre. Por otro lado, aunque los peajes para este año están cogidos con pinzas (los 1.700 millones de los costes de las extrapeninsulares de 2013 están en un limbo legal), no hay aún riesgos evidentes de que se puedan incumplir, señalan algunos expertos. Al fin y el cabo, el Gobierno ha entrado por el aro al aceptar que una parte de los costes de la tarifa eléctrica (oficialmente, la financiación de las primas de las renovables) sean sufragados por los Presupuestos del Estado. Una medida que el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, solo aceptó cuando se lo pidió el nuevo secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal (hermano del jefe de la oficina económica de Moncloa, Álvaro Nadal) y que había negado a su antecesor, Fernando Marti.

Industria confía, además, en que las reformas en marcha o en estudio, permitan contener el déficit en un año tan difícil como este en el que solo el descenso de la demanda lo provocará. Una de ellas es la que afecta a los sistemas insulares y extrapeninsulares que explota Endesa. En su reciente comparecencia en el Senado, Álvaro Nadal ya dejó ver la hostilidad del Gobierno hacia una compañía que considera “extranjera” por ser propiedad de la italiana Enel. Un error político de Nadal que debe andar con tiento para evitar que se le acuse de favorecer a las eléctricas con pedigrí nacional (con las que dijo mantener “relaciones fluidas”) y más aún con las españolas en las que participa el Estado (Red Eléctrica, en cuyo consejo de administración estuvo a punto de entrar con el apoyo de su presidente, José Folgado, y Enagás).

De hecho, uno de los puntos más oscuros de la reforma de los sistemas de las islas, con la que Industria pretende fomentar la competencia y garantizar el suministro, es la cesión a REE de la generación con bombeo, lo que, según fuentes del sector, contraviene la normativa comunitaria con la que se rigen los operadores de los sistemas eléctricos, que solo pueden ser transportistas pero no productores de energía.

Fuente: Cincodias.com

La quiebra fotovoltaica habría provocado un agujero de 18.000 millones en la banca

La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) alerta de que el sistema bancario tiene un “agujero” de 18.000 millones de euros asociado a la “quiebra fotovoltaica” que las entidades “no estarían provisionando”. Las eólicas piden cuatro años más de primas para recuperar 1.300 millones.

Esta falta de valoración de riesgos, indica la asociación en una nota, supone una “grave contingencia” con la que la Unión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de España deberían contar a la hora de garantizar unas provisiones suficientes en el sistema financiero español.

Anpier, que representa a 55.000 inversores particulares que apostaron por la energía fotovoltaica, considera que la banca española, con la que se suscribió la mayor parte de los créditos, debe realizar “un ejercicio de absoluta transparencia” durante la visita que están realizando los técnicos de la ‘troika’ para conocer la situación real del sistema financiero.

“Ni la Comisión ni el Gobierno consideran necesario pedir más dinero para inyectar a la banca más allá de los 40.000 millones utilizados, pero desde Anpier se alerta de que podríamos cerrar en falso el problema asumiendo unas consecuencias nefastas para el sistema bancario español, la recuperación económica y la necesaria obtención de liquidez por parte de empresas y ciudadanos”, afirma la asociación.

La banca española, señala, ya cometió el “grave error de no valorar de manera rigurosa sus activos y riesgos de morosidad”, lo que generó “una espiral” en forma de crisis financiera y de confianza que solo ha quedado paliada con la intervención de la Unión Europea y el rescate bancario que se implementó el pasado año.

Para lograr un diagnóstico “certero”, sería necesario a juicio de Anpier realizar una provisión adecuada de los activos fotovoltaicos, si bien sospecha que los bancos no están asumiendo los riesgos asociados a la “previsible quiebra del 80% del sector”.

Todo este porcentaje de actividades “no puede hacer frente a sus créditos”, lo que haría que los parques en manos de la banca carecerían de valor a los pocos días, puesto que “sin seguridad y mantenimiento quedarían mermados de manera irreversible”.
Colapso en el sector

Anpier asegura que los 55.000 particulares a los que representa han “hipotecado todos su ahorros” animados por la normativa de 2007, si bien desde 2010 sufren “dos disposiciones retroactivas”, que son el real decreto 1565/2010 y el real decreto Ley 14/2010, que suponen una merma de hasta el 30% de los ingresos, a las que se añaden el impuesto del 7% de la facturación (Ley 15/2012) y la no actualización de las tarifas conforme al IPC.

Los recortes anteriores elevan el recorte al 40%, señala la asociación, que advierte además de que “el Gobierno amenaza con un quinto recorte que supondría, por leve que éste fuera, el colapso financiero inmediato del 80% del sector fotovoltaico español”, que es el que “ha requerido de financiación bancaria”.

Fuente: eleconomista.es