El Gobierno tiene la determinación de que el autoconsumo energético —producir tu propia energía mediante paneles fotovoltaicos o minieólicos y consumirla en el momento—, se implante de forma muy controlada y sin perder de vista “la compleja situación económica” que afecta al sector eléctrico. El borrador del decreto de autoconsumo —esperado como agua de mayo por numerosos consumidores para ver si se podían ahorrar unos euros en su factura— ha incluido un peaje, denominado “de respaldo”, que, de momento, sube la tarifa de quienes lo utilizan.
El decreto sobre autoconsumo ha llegado con más de un año de retraso. El Ministerio de Industria lo remitió el jueves a la Comisión Nacional de Energía, que tiene 15 días para emitir un informe que será oído, aunque no sea vinculante.
La redacción del texto reserva al Gobierno la capacidad de subir o bajar la cuantía de este peaje dependiendo de cómo vaya la implantación de estos modelos de autogeneración eléctrica. Uno de los grandes miedos de las eléctricas es que la autogeneración se descontrole y el sistema actual colapse.
Las cuantías de los primeros peajes de respaldo se incluyen en el borrador del decreto elaborado por el Ministerio de Industria. Según cálculos de la Unión Española Fotovoltaica (Unef), el peaje de respaldo que se pagará por generar energía en un domicilio será un 27% más alto que si se opta por el consumo convencional y se abona el peaje por el uso tradicional de la red. La asociación, que agrupa a unas 300 empresas y representa a un 85% del sector, critica que se impida el ahorro de los consumidores y se paralice la entrada de nueva competencia en el mercado eléctrico.
En los últimos cinco años los consumidores han visto cómo los precios de la tecnología fotovoltaica han bajado un 80%. En un contexto de crisis en el que las tarifas de las eléctricas no hacen más que subir, producir su propia electricidad con paneles solares o molinillos se había convertido en una alternativa de ahorro muy interesante. Se ha desarrollado un pequeño mercado de autoconsumo instantáneo, amparado por un decreto de 2011, en el que se han integrado sobre todo industrias y comercios, que conseguían reducir sus facturas energéticas y mejorar su competitividad. Cuando se apruebe el decreto de autoconsumo tienen dos meses para inscribirse en un registro oficial y comenzar a pagar estos peajes. En caso contrario, se enfrentan al corte de suministro o a sanciones que llegan a los 30 millones.
Aunque en España sea relativamente nuevo, el autoconsumo energético está más que consolidado en países como Estados Unidos (sobre todo en California) u Holanda. Es el camino hacia el que se dirigen las políticas de la Unión Europea. Lo habitual en los países en los que se ha implantado es que se incentiven estas prácticas bonificando los peajes, permitiendo a los consumidores que viertan energía a la red y la recuperen cuando la necesiten u ofreciéndoles la posibilidad de venderla a la compañía eléctrica, algo que no ocurre aquí.
El decreto nombra las bondades del sector renovable y la eficiencia energética, así como las múltiples directivas europeas que las promueven. Sin embargo, no esconde que se busca una “evolución gradual” del autoconsumo que no atente contra el conjunto del sistema eléctrico. Habla de “dirigir” el desarrollo de este “novedoso mecanismo” y considera un “reto adicional” su integración en el sistema.
El Gobierno del PP considera que tener muchos puntos que puedan emitir energía puede ser beneficioso para un sistema de grandes centrales como el español, sobre todo en lo relativo a las pérdidas de red —que suponen entre un 10% y un 15%—. Acto seguido subraya que la generación distribuida (tener muchos productores de electricidad) no reduce los costes de mantenimiento de transporte y distribución, ni los costes ajenos al suministro que se incluyen en los peajes de acceso. “En algunos casos podría provocar costes de inversión adicionales en las redes para adecuarlas”, justifica.
La venta de excedentes energéticos —facilitar que se venda o intercambie la energía que no se utilice— se contempla como un “objetivo”, pero no se ha desarrollado. De hecho, el texto especifica que las cesiones de energía eléctrica a la red pública “no podrán llevar aparejada contraprestación económica”. La modalidad conocida como balance neto —que consiste en aportar energía sobrante a la red para luego recuperarla cuando se necesite en la misma cantidad— no se contempla de momento.
Otras tecnologías, como la cogeneración, consiguen salvarse de estos peajes hasta el 31 de diciembre de 2010. “Se trata de excepciones”, explica David Arzoz, vicepresidente de la asociación de empresarios Cogen España. “Las plantas que estaban vendiendo energía podrán continuar hasta este plazo, pero las que hacían autoconsumo y las que se construyan tendrán que pagar este peaje y ya no será rentable”, añade el representante de esta asociación especializada en cogeneración.
Fuente: El País