Alcoa anunció este miércoles el cierre de dos de sus tres fábricas en España, la de Avilés y la de La Coruña, argumentando, sobre todo, los altos precios energéticos; Cemex anunció el martes la clausura de otras dos fábricas -en Almería y Baleares- por la regulación europea del CO2, directamente ligada a la energía; Arcelor ha paralizado una línea de galvanizado en Asturias; hay problemas en la gallega Hércules de Armamento y en Coopbox en Murcia; y Ford no ha garantizado la continuidad de su fábrica en Almussafes.

Patronales y sindicatos coinciden en que la industria pesada difícilmente puede soportar el encarecimiento de la electricidad, que está en máximos de 10 años. A ello se suma la incertidumbre política por la inestabilidad del Gobierno y el previsible aumento de otras partidas, como las laborales.

Paralelamente, la transición energética conlleva el abandono progresivo del carbón -el Gobierno y los sindicatos han pactado el fin de las explotaciones mineras en 2027-, y la clausura de las centrales que lo consumen -en manos de Endesa, Iberdrola y Naturgy-, pero no termina de despegar la industria renovable, que también tiene dos ejemplos recientes de cierres fabriles con las instalaciones de Vestas en León y de Gamesa en Miranda de Ebro.

La industria representa alrededor del 16% del PIB. Durante el año pasado, según el INE, creció un 3,6%, por encima de la economía, pero en lo que va de 2018 se está ralentizando: el indicador de agosto del Índice de Producción Industrial, revela que la tasa anual ya está en el 1,2%.

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Hay elementos globales que influyen en ese deterioro, como la escalada del petróleo, en los 80 dólares por barril, o la fortaleza del euro respecto al dólar, que perjudica las exportaciones. Pero también hay elementos propios de la industria nacional, que se comporta como un proveedor de bienes intermedios, empleados para fabricar algo en otro lugar, dentro de cadenas globales de producción que dejan la mayoría del valor añadido y la rentabilidad en el extranjero.

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A eso se añade el problema de la industria electrointensiva. Estas compañías están integradas en la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege), cuyos socios consumen el 11% de la electricidad del país y sostienen 186.000 empleos. La entidad denuncia el diferencial de precios con su competencia europea: durante 2017, han soportado un sobrecoste de 450 millones respecto a Alemania, y eso que el mercado estaba un 10% más barato que este 2018. Su director, Fernando Soto, recuerda que los Presupuestos del Estado incluyen 150 millones de euros en ayudas para ellos que no se han repartido y que la retribución por las interrumpibilidad eléctrica ha bajado un 40%. Cree que las deslocalizaciones, como la de Alcoa, pueden «extenderse entre siderúrgicas y metalúrgicas».

José Manuel de la Uz, responsable de CCOO en Alcoa, coincide punto por punto con Soto, pero es mucho más duro: «La única diferencia de nuestras plantas con otras del Grupo es el precio de la energía». Y carga contra el Gobierno, aludiendo al acuerdo para cerrar la minería del carbón y su previsible incidencia al alza en los precios de la electricidad.

El Gobierno niega la mayor

El Ministerio de Industria, en un comunicado de prensa, ha mostrado su «sorpresa» y su «preocupación» por el anuncio de Alcoa, apuntando que durante los contactos de los últimos tres meses la multinacional norteamericana no había avisado de que podría adoptar la decisión. Por su parte, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha calificado de «una excusa y una cortina de humo» que la empresa aluda al precio de la electricidad. Y ha añadido que, a raíz de lo sucedido, la subasta de interrumpibilidad podría revisarse y retrasarse.

Los cierres de Alcoa dejan a 686 trabajadores directos en la calle. En toda España, según los datos de la Seguridad Social, alrededor de un 15% de los asalariados del país, unos 2,5 millones, dependen directamente de la industria. Más del doble de empleos indirectos dependen de ellos.

Fuente: https://www.eleconomista.es/