Desde hace unos años las políticas de ahorro energético han dejado de ser una cuestión relativa a los usuarios domésticos, de tal modo que las empresas y las organizaciones cada vez han ido tomando una mayor sensibilización en este asunto, lo que les ha llevado a racionalizar el uso de sus herramientas, programar horarios de iluminación, realizar fuertes inversiones en herramientas y aparatos más eficientes, en definitiva, a aplicar políticas energéticas más eficientes con un doble objetivo, de una parte un menor coste económico, y segundo promover una actividad empresarial más sostenible.

Pues bien, después de leer este artículo del diario El Boletín, en el que Javier García Breva, presidente de la Fundación Renovables, ha señalado por qué vía discurrirá el precio a pagar en nuestro recibo eléctrico:

El borrador de orden de peajes se ha aplicado el criterio de subir –en la tarifa más común de hasta 10 kw- un 72% el término de potencia y rebajar un 22% el de la energía.

De tal modo que estas políticas de ahorro energético a las que apuntaba en el primer párrafo cada vez intervendrán menos en el importe final de nuestra factura, debido a que se vinculará más a la potencia contratada en lugar del uso que hagamos de esta.

Esta situación, como empresas, nos obligará a replantearnos cuál será nuestra potencia contratada, evitando pagar por una capacidad excesiva, y valorar si merece la pena exponernos al riesgo de no poder asumir un incremento de las operaciones como consecuencia de desviaciones de la producción.