La redefinición de la metodología de reparto de costes de las redes de transporte y distribución de peajes eléctricos, conocida durante estos días, vuelvea agitar la ya de por sí complicada agenda regulatoria del sector eléctrico.

En la práctica, se trata de una nueva barbaridad que afecta al equilibrio del sistema de suministro eléctrico: una reordenación de las escalas de tensión que modifica el esquema de tensiones y de grupos de tarifa asociados, anteriormente establecidas por la CNMC. Esta reordenación permitirá que los usuarios de 30 a 36 kilovoltios (kV) se beneficien de las tarifas de acceso de alta tensión, tarifa aplicable anteriormente a partir de los 36 kV, cuestión que beneficia a determinados sectores industriales.

En conjunto, con el continuo remover de la regulación y las modificaciones operadas, el Ministerio de Industria consigue el más difícil todavía: elevar las tarifas de acceso por la propia evolución de los costes de acceso y, al mismo tiempo, aumentar el déficit de tarifa. Una decisión sobre la que se pueden extraer distintas lecturas.

La energía «barata» para reindustrializar España y las tarifas federales

La primera lectura de esta decisión, que ya llama la atención a los medios de comunicación, es partir de una concepción federal de la tarifa en la medida en que la concentración de los clientes adscritos a las tarifas de alta tensión entre 30kV y 36kV se sitúan en el País Vasco. En los medios económicos se da por sentado que se trata de una concesión del Gobierno al PNV, pactada en sede parlamentaria, debido a que este cambio beneficia fundamentalmente a instalaciones de la industria vasca, cuya potencia contratada mayoritariamente es de 33 kV.

En este sentido, una medida de estas características podría redundar en la búsqueda de incentivos para otras comunidades autónomas atendiendo a semejanzas en sus contratos de suministro o para ciertos sectores. En todo caso, se abre la veda para las tarifas asimétricas por algún motivo.

Como deriva de lo anterior, parece claro que el marco comunicativo abierto en los círculos empresariales y económicos sobre la necesidad de reindustrialización de España se habría cobrado una primera medida no excesivamente sofisticada. En todo caso, la espita de nuevas reclamaciones sectoriales y territoriales seguramente alcanzará al Ejecutivo en su versión más menesterosa, esto es, la electoral. Y el Gobierno, con su manija, puede acceder o no a las mismas, a modificarlas en virtud de la “razón de Estado” de la comunicación política: las encuestas o la capacidad de presión demoscópica de cada momento.

Cebar la bomba del déficit y darse una alegría para el cuerpo

Esta segunda lectura proviene del hecho de que hasta el propio Ministerio de Industria reconoce que esta fórmula de reordenar la escala de tensiones y tarifas generará déficit tarifario en la medida en que la rebaja articulada por la disminución del tramo inferior de alta tensión no se verá compensada por la elevación de las tarifas de acceso para otros consumidores (principalmente para consumidores domésticos) con potencias contratadas menores. Lo cual hubiera sido una solución aritméticamente impecable, aunque reprobable desde el punto de vista de la ortodoxia que exigiría un escandallo correcto y fiel de los costes de acceso a la hora de ser atribuidos para cada tipo de consumidor.

Por tanto, si tras las medidas normativas que el Gobierno incorporó en la mal llamada “reforma eléctrica” ya se auguraba una importante cifra de déficit tarifario por la evolución de 2014, esta medida amplifica el déficit y lo incrementa. El Gobierno habría adoptado una política de de perdidos, al río para darse una alegría para el cuerpo. Así, Soria continúa apuntándose al uso político discrecional de la organización de la tarifa eléctrica, que además habilitaría al Gobierno para nuevas medidas posteriores contra/frente al déficit tarifario futuro que nuevamente se acumule.

El problema europeo e institucional

Esta modificación tiene también importantes elementos de preocupación añadidos en los tiempos de la transparencia plena, los mercados de información perfecta y la congruencia en las cifras financieras.

Por un lado está la forma de revisar lo regulado, la reorganización de tensiones y grupos tarifarios por potencia, por la puerta de atrás, sin que pase por la CNMC, aprovechando la turbamulta del proceso de constitución del nuevo equipo de la Comisión Europea y el vacío de poder, incluyendo la presencia de Arias Cañete en la selectividad como Comisario de Energía y Acción por el Clima, tras su nombramiento.

Por otro lado resulta previsible la caracterización de tal medida como “ayudas del Estado” por parte de las autoridades europeas. Esto se une, además, a que la propia Unión Europea tiene una vigilancia declarada, y recogida en el Memorandum of Understanding, en torno al déficit tarifario. De hecho, el Gobierno lo reconoce en la información que periódicamente remite a las autoridades europeas respecto a la evolución de la economía española.

Y, finalmente, se exacerba la tendencia a generar subsidios cruzados entre actividades. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo se erige como árbitro entre las distintas actividades sectoriales con la oficina de liquidaciones de la electricidad, cuya sede se residencia en la CNMC, puesta al servicio de la tribulación política.

Teniendo en cuenta que ahora el déficit tarifario se financia por todos los agentes implicados en el suministro eléctrico, las rondas a las que invita el Gobierno a ciertos sectores industriales son pagadas por todos los agentes intervinientes en el sector eléctrico. Por eso, en lugar de abordar la separación de los costes ajenos al suministro incluidos en la tarifa, el Gobierno crea un nuevo modelo de déficit tarifario de sindicación obligatoria para contribuir a unas supuestas políticas industriales. En suma, un debate que está planteado de forma tramposa y cuyas soluciones son falaces, en manos de un auténtico populismo de ministerio, que también existe.

Fuente: Energía Diario