ADEMÁS de ininteligible, el recibo de la luz en España ha sido una manera descarada de ocultar los costes reales del sistema eléctrico, controlado por un oligopolio en el que sus cuentas son todo un ejemplo de ingeniería contable y opacidad.
Opacidad de la que tampoco se libra el actual equipo dirigente del Ministerio de Industria y Energía, aliado natural del oligopolio eléctrico, pese a las discrepancias que han surgido entre ellos en los últimos meses. Que nadie se engañe: ambas partes están condenadas a entenderse. Es decir, el Gobierno acabará amoldándose a las demandas de las grandes eléctricas, aunque para ello tenga que acudir a fórmulas retóricas que lo disfracen.
Un ejemplo, escandaloso, de cómo se cocina el cambalache son los cambios introducidos en la facturación del recibo de la luz.
Por describirlo de forma muy sencilla, el importe del recibo es la suma de dos partes. Una fija, que es el término de potencia contratada (la capacidad para consumir sin que salte el limitador); y otra variable, el consumo de corriente eléctrica.
Pues bien, lo que ha hecho el Gobierno es subir el precio de la potencia contratada (la parte fija) y bajar el del consumo (la parte variable). Con lo que está primando a quienes consumen mucho y castigando a quienes consumen poco. Frente a esta evidencia, como tal incontrovertible, Industria sostiene que la nueva fórmula está destinada a favorecer a las familias con hijos y penalizar a las viviendas vacías y las segundas residencias. Y la explica no como un incremento de lo que facturan las eléctricas, sino como una transferencia entre consumidores. Una tomadura de pelo según todos los números.
Desde que se inició la crisis, la demanda de energía eléctrica ha caído, sea en lo que se refiere al consumo de las familias sea al de las empresas e instituciones. Consecuentemente, uno de los problemas del sistema eléctrico español es su exceso de potencia instalada, inactividad que provoca un coste elevado, y una merma de los ingresos de las compañías.
La crisis también ha provocado un incremento de la viviendas deshabitadas: el stock de las no vendidas es enorme y el número de las abandonadas aumenta. En España hay unos 17 millones de hogares, y el número de padres con uno o más hijos ronda los siete millones, pero no todos poseen vivienda, sea en propiedad o alquilada. Dicho de otra manera, los hogares con tres o menos personas representa el 72% del total; sólo el 28 por ciento cuenta con cuatro o más moradores.
Otro dato más, la media de los hogares españoles está compuesta por 2,5 personas.
De todo ello se desprende que la subida de precio del fijo del recibo de la luz no va en beneficio de las familias, tengan o no hijos, sino de las eléctricas, que pasan a aumentar sus ingresos sin vender más energía. Familias cuyos ingresos disminuyeron por la caída de los salarios y el paro. ¡Y este atraco se pretende vender como una ayuda a la natalidad!