Precio de dar de alta la luz

Desde hace unos años las políticas de ahorro energético han dejado de ser una cuestión relativa a los usuarios domésticos, de tal modo que las empresas y las organizaciones cada vez han ido tomando una mayor sensibilización en este asunto, lo que les ha llevado a racionalizar el uso de sus herramientas, programar horarios de iluminación, realizar fuertes inversiones en herramientas y aparatos más eficientes, en definitiva, a aplicar políticas energéticas más eficientes con un doble objetivo, de una parte un menor coste económico, y segundo promover una actividad empresarial más sostenible.

Pues bien, después de leer este artículo del diario El Boletín, en el que Javier García Breva, presidente de la Fundación Renovables, ha señalado por qué vía discurrirá el precio a pagar en nuestro recibo eléctrico:

El borrador de orden de peajes se ha aplicado el criterio de subir –en la tarifa más común de hasta 10 kw- un 72% el término de potencia y rebajar un 22% el de la energía.

De tal modo que estas políticas de ahorro energético a las que apuntaba en el primer párrafo cada vez intervendrán menos en el importe final de nuestra factura, debido a que se vinculará más a la potencia contratada en lugar del uso que hagamos de esta.

Esta situación, como empresas, nos obligará a replantearnos cuál será nuestra potencia contratada, evitando pagar por una capacidad excesiva, y valorar si merece la pena exponernos al riesgo de no poder asumir un incremento de las operaciones como consecuencia de desviaciones de la producción.

El Gobierno tiene la determinación de que el autoconsumo energético —producir tu propia energía mediante paneles fotovoltaicos o minieólicos y consumirla en el momento—, se implante de forma muy controlada y sin perder de vista “la compleja situación económica” que afecta al sector eléctrico. El borrador del decreto de autoconsumo —esperado como agua de mayo por numerosos consumidores para ver si se podían ahorrar unos euros en su factura— ha incluido un peaje, denominado “de respaldo”, que, de momento, sube la tarifa de quienes lo utilizan.

El decreto sobre autoconsumo ha llegado con más de un año de retraso. El Ministerio de Industria lo remitió el jueves a la Comisión Nacional de Energía, que tiene 15 días para emitir un informe que será oído, aunque no sea vinculante.

La redacción del texto reserva al Gobierno la capacidad de subir o bajar la cuantía de este peaje dependiendo de cómo vaya la implantación de estos modelos de autogeneración eléctrica. Uno de los grandes miedos de las eléctricas es que la autogeneración se descontrole y el sistema actual colapse.

Las cuantías de los primeros peajes de respaldo se incluyen en el borrador del decreto elaborado por el Ministerio de Industria. Según cálculos de la Unión Española Fotovoltaica (Unef), el peaje de respaldo que se pagará por generar energía en un domicilio será un 27% más alto que si se opta por el consumo convencional y se abona el peaje por el uso tradicional de la red. La asociación, que agrupa a unas 300 empresas y representa a un 85% del sector, critica que se impida el ahorro de los consumidores y se paralice la entrada de nueva competencia en el mercado eléctrico.

En los últimos cinco años los consumidores han visto cómo los precios de la tecnología fotovoltaica han bajado un 80%. En un contexto de crisis en el que las tarifas de las eléctricas no hacen más que subir, producir su propia electricidad con paneles solares o molinillos se había convertido en una alternativa de ahorro muy interesante. Se ha desarrollado un pequeño mercado de autoconsumo instantáneo, amparado por un decreto de 2011, en el que se han integrado sobre todo industrias y comercios, que conseguían reducir sus facturas energéticas y mejorar su competitividad. Cuando se apruebe el decreto de autoconsumo tienen dos meses para inscribirse en un registro oficial y comenzar a pagar estos peajes. En caso contrario, se enfrentan al corte de suministro o a sanciones que llegan a los 30 millones.

Aunque en España sea relativamente nuevo, el autoconsumo energético está más que consolidado en países como Estados Unidos (sobre todo en California) u Holanda. Es el camino hacia el que se dirigen las políticas de la Unión Europea. Lo habitual en los países en los que se ha implantado es que se incentiven estas prácticas bonificando los peajes, permitiendo a los consumidores que viertan energía a la red y la recuperen cuando la necesiten u ofreciéndoles la posibilidad de venderla a la compañía eléctrica, algo que no ocurre aquí.

El decreto nombra las bondades del sector renovable y la eficiencia energética, así como las múltiples directivas europeas que las promueven. Sin embargo, no esconde que se busca una “evolución gradual” del autoconsumo que no atente contra el conjunto del sistema eléctrico. Habla de “dirigir” el desarrollo de este “novedoso mecanismo” y considera un “reto adicional” su integración en el sistema.

El Gobierno del PP considera que tener muchos puntos que puedan emitir energía puede ser beneficioso para un sistema de grandes centrales como el español, sobre todo en lo relativo a las pérdidas de red —que suponen entre un 10% y un 15%—. Acto seguido subraya que la generación distribuida (tener muchos productores de electricidad) no reduce los costes de mantenimiento de transporte y distribución, ni los costes ajenos al suministro que se incluyen en los peajes de acceso. “En algunos casos podría provocar costes de inversión adicionales en las redes para adecuarlas”, justifica.

La venta de excedentes energéticos —facilitar que se venda o intercambie la energía que no se utilice— se contempla como un “objetivo”, pero no se ha desarrollado. De hecho, el texto especifica que las cesiones de energía eléctrica a la red pública “no podrán llevar aparejada contraprestación económica”. La modalidad conocida como balance neto —que consiste en aportar energía sobrante a la red para luego recuperarla cuando se necesite en la misma cantidad— no se contempla de momento.

Otras tecnologías, como la cogeneración, consiguen salvarse de estos peajes hasta el 31 de diciembre de 2010. “Se trata de excepciones”, explica David Arzoz, vicepresidente de la asociación de empresarios Cogen España. “Las plantas que estaban vendiendo energía podrán continuar hasta este plazo, pero las que hacían autoconsumo y las que se construyan tendrán que pagar este peaje y ya no será rentable”, añade el representante de esta asociación especializada en cogeneración.

Fuente: El País

El Gobierno mantiene congelados los peajes después de admitir un déficit tarifario de 4.000 millones del año pasado.

Cuentan las crónicas estos días que el Gobierno va a bajar la luz algo más de un 6% en abril en lo que supone el primer descenso desde 2009. Ambas afirmaciones merecen ser precisadas por erróneas. La luz no bajó en 2009 o, mejor dicho, su bajada resultó ilegal, según una sentencia del Tribunal Supremo, por lo que el Ministerio de Industria tuvo que compensarla subiendo posteriormente los peajes en la proporción en que los había bajado. Un nuevo error en este mismo sentido (congelar o bajar los peajes cuando los costes reconocidos a las empresas subían) obligó al ministerio a refacturar cautelarmente el año pasado los consumos de seis meses a los 29 millones de clientes que tiene el sistema.

La segunda matización es que no es el Gobierno el que baja la luz, sino que al congelar los peajes eléctricos, que es la parte regulada de la factura y supone la mitad de la misma, ha dejado “actuar al mercado”, tal como le gusta subrayar al titular de Industria, José Manuel Soria. Con lo cual, el precio de la energía que resultó en la subasta Cesur celebrada la semana pasada, será el único que se aplique en los próximos recibos (de forma automática y sin que el Gobierno pueda intervenir) y como dicho precio experimentó un importante descenso (algo habitual en los segundos trimestres y a pesar de los nuevos impuestos a la energía), efectivamente, la tarifa de último recurso (TUR) a la que tienen derecho los consumidores domésticos bajará una media del 6,6% a partir del día 1. En el caso de los clientes con discriminación horaria, la bajada alcanzará el 8%.

¿Existe en este caso algún peligro de que las eléctricas vuelvan a recurrir ante el Supremo la congelación de los peajes, que son los que financian el abultado déficit de tarifa que se les adeuda o buena parte de las primas de las renovables? La respuesta es no, pues para evitar ese riesgo, el Gobierno ya se ocupó el año pasado de cambiar la norma que establecía que los peajes deberían ser revisados cada trimestre para absorber, en su caso, las eventuales subidas de los costes del sistema. Por tanto, en estos momentos, la evolución del precio de la energía (fijado en la Cesur) se debe trasladar al recibo cada trimestre, pero en el caso de los peajes, es suficiente con revisarlos anualmente.

Aunque el Gobierno se ha apuntado el tanto de permitir que la luz baje, pese al déficit de tarifa de 4.000 millones correspondiente a 2012 que deberá titulizar, lo cierto es que no podía hacer otra cosa. Hace apenas un mes que había revisado los peajes (por primera vez, se aprobaron en febrero con fecha 1 de enero, por motivos políticos derivados del relevo en la Secretaría de Energía), y ya en el primer trimestre del año el precio de la energía había subido un 3%. Además, no hay que olvidar que a partir de este mes, y si no se indica lo contrario a la distribuidora, los recibos vuelven a ser bimestrales, lo que provocará un efecto óptico negativo entre los usuarios.

Aunque la norma le permitía haber subido ahora los peajes para sufragar la abultada deuda eléctrica, la cercanía de ambas revisiones complicaba esta decisión. Por otro lado, en distintas sentencias y autos, el Supremo critica que se juegue con los peajes para compensar o descompensar el resultado de la Cesur que es de obligada aplicación cada trimestre. Por otro lado, aunque los peajes para este año están cogidos con pinzas (los 1.700 millones de los costes de las extrapeninsulares de 2013 están en un limbo legal), no hay aún riesgos evidentes de que se puedan incumplir, señalan algunos expertos. Al fin y el cabo, el Gobierno ha entrado por el aro al aceptar que una parte de los costes de la tarifa eléctrica (oficialmente, la financiación de las primas de las renovables) sean sufragados por los Presupuestos del Estado. Una medida que el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, solo aceptó cuando se lo pidió el nuevo secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal (hermano del jefe de la oficina económica de Moncloa, Álvaro Nadal) y que había negado a su antecesor, Fernando Marti.

Industria confía, además, en que las reformas en marcha o en estudio, permitan contener el déficit en un año tan difícil como este en el que solo el descenso de la demanda lo provocará. Una de ellas es la que afecta a los sistemas insulares y extrapeninsulares que explota Endesa. En su reciente comparecencia en el Senado, Álvaro Nadal ya dejó ver la hostilidad del Gobierno hacia una compañía que considera “extranjera” por ser propiedad de la italiana Enel. Un error político de Nadal que debe andar con tiento para evitar que se le acuse de favorecer a las eléctricas con pedigrí nacional (con las que dijo mantener “relaciones fluidas”) y más aún con las españolas en las que participa el Estado (Red Eléctrica, en cuyo consejo de administración estuvo a punto de entrar con el apoyo de su presidente, José Folgado, y Enagás).

De hecho, uno de los puntos más oscuros de la reforma de los sistemas de las islas, con la que Industria pretende fomentar la competencia y garantizar el suministro, es la cesión a REE de la generación con bombeo, lo que, según fuentes del sector, contraviene la normativa comunitaria con la que se rigen los operadores de los sistemas eléctricos, que solo pueden ser transportistas pero no productores de energía.

Fuente: Cincodias.com

La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) alerta de que el sistema bancario tiene un “agujero” de 18.000 millones de euros asociado a la “quiebra fotovoltaica” que las entidades “no estarían provisionando”. Las eólicas piden cuatro años más de primas para recuperar 1.300 millones.

Esta falta de valoración de riesgos, indica la asociación en una nota, supone una “grave contingencia” con la que la Unión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de España deberían contar a la hora de garantizar unas provisiones suficientes en el sistema financiero español.

Anpier, que representa a 55.000 inversores particulares que apostaron por la energía fotovoltaica, considera que la banca española, con la que se suscribió la mayor parte de los créditos, debe realizar “un ejercicio de absoluta transparencia” durante la visita que están realizando los técnicos de la ‘troika’ para conocer la situación real del sistema financiero.

“Ni la Comisión ni el Gobierno consideran necesario pedir más dinero para inyectar a la banca más allá de los 40.000 millones utilizados, pero desde Anpier se alerta de que podríamos cerrar en falso el problema asumiendo unas consecuencias nefastas para el sistema bancario español, la recuperación económica y la necesaria obtención de liquidez por parte de empresas y ciudadanos”, afirma la asociación.

La banca española, señala, ya cometió el “grave error de no valorar de manera rigurosa sus activos y riesgos de morosidad”, lo que generó “una espiral” en forma de crisis financiera y de confianza que solo ha quedado paliada con la intervención de la Unión Europea y el rescate bancario que se implementó el pasado año.

Para lograr un diagnóstico “certero”, sería necesario a juicio de Anpier realizar una provisión adecuada de los activos fotovoltaicos, si bien sospecha que los bancos no están asumiendo los riesgos asociados a la “previsible quiebra del 80% del sector”.

Todo este porcentaje de actividades “no puede hacer frente a sus créditos”, lo que haría que los parques en manos de la banca carecerían de valor a los pocos días, puesto que “sin seguridad y mantenimiento quedarían mermados de manera irreversible”.
Colapso en el sector

Anpier asegura que los 55.000 particulares a los que representa han “hipotecado todos su ahorros” animados por la normativa de 2007, si bien desde 2010 sufren “dos disposiciones retroactivas”, que son el real decreto 1565/2010 y el real decreto Ley 14/2010, que suponen una merma de hasta el 30% de los ingresos, a las que se añaden el impuesto del 7% de la facturación (Ley 15/2012) y la no actualización de las tarifas conforme al IPC.

Los recortes anteriores elevan el recorte al 40%, señala la asociación, que advierte además de que “el Gobierno amenaza con un quinto recorte que supondría, por leve que éste fuera, el colapso financiero inmediato del 80% del sector fotovoltaico español”, que es el que “ha requerido de financiación bancaria”.

Fuente: eleconomista.es

Las imágenes aéreas nocturnas revelan la contaminación lumínica que, entre otras cosas, reducen la visibilidad del cielo nocturno, altera los ecosistemas y revela el derroche energética que supone esa gran cantidad de luz que no se aprovecha de forma útil.

En Night Lights 2012 han superpuesto esas imágenes con el servicio de Google Maps, lo que facilita visualizar este tipo de contaminación.

La subasta del precio base de la electricidad arroja una caída del 15% para el segundo trimestre.
El recorte en la factura es el de mayor intensidad de los últimos años.

La Tarifa de Ultimo Recurso (TUR) de la luz bajará previsiblemente un 6,7% a partir del 1 de abril después de que la subasta eléctrica de este miércoles entre las comercializadoras habilitadas para el suministro a tarifa se haya cerrado con caídas de precios del 15%, según han informado en fuentes del sector. El descenso que se registrará en elrecibo de la luz, que aún debe ser confirmado por Industria, es el más elevado que se registra desde que se puso en marcha este sistema en 2009. No obstante, las eléctricas ya han amenazado con trasladar a los consumidores los nuevos impuestos aprobados por el Gobierno a la energía, lo que volverá a tirar hacia arriba del recibo de la luz.

El resultado de estas subastas, de las que depende el coste de la energía, tiene un peso cercano al 50% en el recibo de la luz, mientras que la otra mitad corresponde a los costes regulados del sistema eléctrico, también llamados peajes. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ya anunció que su departamento mantendrá los peajesen el segundo trimestre del año, con lo que la revisión final de la TUR dependerá exclusivamente del resultado de la subasta de hoy.

El descenso de la tarifa contrasta con los últimos movimientos en los recibos y que, en su gran mayoría, han sido al alza. Solo en 2011, la TUR subió un 10%, y en 2012 lo hizo un 5,4% adicional, sin incluir el 7% de más que los consumidores estuvieron pagando entre octubre y diciembre para acatar una sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a reintegrar el encarecimiento no repercutido entre octubre de 2011 y marzo de 2012. En el último lustro, el recibo acumula un alza del 60%.

La confusión en torno al recibo de la luz se hizo evidente el año pasado, cuando el recibo llegó a “bajar subiendo y a subir bajando”. En octubre de 2012 la TUR bajó un 2%, pero la subida del IVA y las refacturaciones del Supremo la encarecieron, mientras que en enero la TUR subió un 3%, pero el final de las refacturaciones la abarataron.

Caída de la demanda

Fuentes del mercado han explicado que la bajada de precios de estos días en la electricidad responde a factores como una menor demanda y a una mayor contribución de las energías renovables relacionada por la meteorología.

La paradoja es que esta menor demanda y mayor contribución renovable que abarata el mercado eléctrico tendría que encarecer al mismo tiempo la otra parte del recibo, la de los costes regulados, ya que la caída del consumo reduce los ingresos necesarios para responder a las previsiones de costes, mientras que las tecnologías verdes aumentan las primas.

Este descenso de ingresos e incremento de costes regulados da origen precisamente al déficit de tarifa, que es una deuda del sistema eléctrico de 28.000 millones cuyo importe, según las previsiones de Industria, debería dejar de aumentar en 2013.

En este sentido, la puja celebrada este miércoles es la primera que se celebra desde que el pasado 1 de enero comenzasen a aplicarse los nuevos impuestos eléctricos, que incluyen una tasa del 7% a la producción y gravámenes para algunas de las tecnologías que, como el gas, tienen carácter marginalista y, tal y como ha advertido el propio sector, acaban condicionando el precio final del mercado.

Fuente: elpais.com