Este martes el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, escribía en el diario «El País» un artículo entre laudatorio y complaciente con las propias medidas que el Gobierno ha instrumentado bajo la denominación informativa de la «reforma eléctrica».
Bajo el título «Sostenibilidad sostenible«, aseveraba que las medidas aprobadas desde la nueva Ley del Sector Eléctrico hasta la Orden de Estándares aunaban sostenibilidad económica y medioambiental y, así, generaba este ingenioso y creativo juego de palabras, que se ligaba con el concepto de rentabilidad razonable, definido ad hoc y de forma genuina por la actual administración energética para todos los activos regulados (y, por otra parte, defendido con toda clase de tretas).
Argumentalmente, Soria mantiene el ejercicio defensivo de su ejecutoria como ministro con un discurso maximalista de «o yo, o el caos», pero la realidad es que estas medidas se han estrenado con un torrente notable de procedimientos judiciales y de arbitrajes internacionales, que ponen en duda la viabilidad de todos los juegos de palabras en torno a la sostenibilidad referido a este lote normativo que, en teoría, estaba supuestamente dirigido a resolver el problema del déficit tarifario.
Por otra parte, con un ejercicio declarativo de estas características, José Manuel Soria trata de imponer una capa de silencio mediante la tentación de la declaración falsamente institucional y un espeso discurso oficial, ante las propias formas adoptadas en el proceso de decisión sobre las mismas, la falta de negociación, el autismo o la ausencia de una perspectiva de coordinación con los efectos de las mismas tanto desde los puntos de vista empresariales, sectoriales, económicos, financieros, inversores o internacionales. En todo caso, el ministro otea en su escrito la tentación de esgrimir de forma oportunista y confusa una amorfa «razón de Estado» por una razón electoral o de opinión pública.
En todo caso, este escenario de conflictos no ha hecho nada más que empezar, no va a ser pacífico y los estertores futuros de la misma, inclusive la determinación de los precios para los consumidores, pueden causar más de una sorpresa (entre otras cosas, porque solo se aceptan las consecuencias deseadas, aparentes e inmediatas y no todas las que incluye o se derivan observadas con mayor detenimiento).
Del mismo modo, el tono del artículo despide un cierto tufo a «canto del cisne», a legado, a final, a herencia, a sacudir las zapatillas. Algo así como ahí tenéis todo lo que he hecho y esto es lo que he sido capaz de hacer, incluyendo cómo el propio ministro se deshace en elogios con la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC).
Lo dicho, un resumen. ¿Game Over?