Todo el mundo tiene claro que el recibo final de la luz ha subido mucho durante los últimos años –un 70% en una década– y que sigue subiendo. Sin embargo, cuando uno presta atención a las declaraciones del ministro del ramo, José Manuel Soria, escucha justo lo contrario. Suele repetir machaconamente que, gracias a su labor, el precio de la electricidad ha bajado en los últimos años –concretamente un 5% durante 2014– y prevé que seguirá bajando. Además explica que los altibajos del recibo, que pueden confundir a los consumidores, dependen del juego del mercado y que en eso el Gobierno no tiene nada que ver.

No hay más que grosera demagogia en las palabras del Ministro, porque las cosas no son así. Ni de lejos. Hasta es falso que su negociado no tenga nada que ver con la cantidad que en el recibo se asigna con cargo al mercado. Es difícil no ofenderse al escucharle.

La luz sube, y mucho; ahora bien, saber cuánto ya no es tan fácil. Según Facua-Consumidores en Acción, entre enero de 2014 y enero de 2015 la subida fue nada menos que del 14%. El dato, escandalosamente diferente al aportado por el Ministro, es reducido por el Instituto Nacional de Estadística (INE) hasta el 4,4%; se trata de una subida más moderada, pero aún muy lejos de la reducción esgrimida por Soria. Como las cifras del INE son las oficiales, el Gobierno tuvo que aclarar, mediante un Comunicado de Prensa, que la diferencia con sus estimaciones se debían a que había usado una metodología distinta. Y se quedó tan ancho.

Así pues, la luz sube, y en contra de lo que dice el Ministro, las decisiones del Gobierno son decisivas para ello. Para verlo con cierto detalle, conviene ir desglosando, a grandes rasgos, la estructura de la factura final de los consumidores, que consta de tres grandes bloques: el precio del mercado, los peajes y los impuestos. Empecemos por el último:

El bloque de los impuestos

Dos son los gravámenes que soporta el recibo directamente: el Impuesto Especial sobre la Electricidad, fijado en el 4,8%, y el IVA, que no sólo es del tipo máximo del 21% tras la reforma fiscal de 2012, sino que no tiene en cuenta que ya se aplica el impuesto especial, es decir, el Gobierno grava dos veces el mismo bien, algo, como mínimo, heterodoxo.

El precio final del recibo también incorpora indirectamente una pléyade de impuestos sobre los activos –desde el agua embalsada hasta el impacto ambiental– o sobre la actividad de generación, porque las empresas generadores, en la medida de sus posibilidades, terminan repercutiéndolos en el precio del mercado. Sólo el impuesto lineal a la facturación de la generación, introducido por el Gobierno en 2012, es del 7%.

El bloque del término de potencia: los peajes, pero no todos

Supone alrededor del 40% del recibo final de los consumidores y debería estar integrado por los costes de operación del sistema eléctrico, pero incluye conceptos que nada tienen que ver con ello, como la retribución específica de las renovables, las anualidades del déficit de tarifa o parte de la financiación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Su composición y el modo de calcular los costes de los diferentes conceptos –los peajes– siempre han sido polémicos, porque son discrecionales, y, por lo tanto, objeto de mangoneo político. La última Ley del sector eléctrico, publicada en diciembre de 2013, intentó paliar la injerencia oportunista y otorgó a la CNMC la responsabilidad de hacer los cálculos objetivamente. Pero al poco el Gobierno se lo pensó mejor y decidió recuperar la competencia introduciendo una enmienda en la Ley de Metrología, aprobada el pasado diciembre.

Tras recuperar el poder de decidir, a veces por ciencia infusa, lo que se paga para que la electricidad esté siempre disponible en los puntos de consumo, Soria procedió a ejercerlo y nos anunció que este 2015 iba a congelar los peajes.

Además del anuncio, ha hecho un par de cosas más. Por un lado, ha reducido los peajes a la industria vasca un 15%, arguyendo una particularidad de las redes de distribución locales para enmascarar el cumplimiento de un pacto con el PNV. Y por otro, ha decidido que  la interrumpibilidad –una subvención encubierta a la industria de unos 500 millones de euros anuales– deje de formar parte del término de potencia del recibo de los consumidores y pase a sumarse al término de energía, que, teóricamente, sólo debería reflejar el precio del mercado.

O sea que el Ministro nos ha anunciado que congela la parte correspondiente a los peajes del recibo de la luz, y, a la vez, ha retirado una partida de 500 millones. ¿Verdad que resulta muy curioso?

El bloque del término de energía: el mercado

Pesa algo más del 30% del recibo final, en función del precio de casación del mercado mayorista, que a su vez está en manos de las fuentes de generación disponibles; como es marginalista, cuantas más renovables hay, que ofertan a precios bajos, más barato es. Hoy por hoy, que el precio suba o baje depende de que haya o no haya energía eólica.

Diga lo que diga Soria, el Gobierno influye indirectamente en el precio de casación con los impuestos que no gravan el recibo final y, además, le añade a dicho precio los peajes que considera oportuno, como los pagos por capacidad –una subvención encubierta a la generación sucia que ronda los 700 millones al año– o la recién reubicada interrumpibilidad.

O sea, que el Ministro sostiene que no tiene nada que ver con el juego del mercado –ése que puede confundir con sus oscilaciones–, pero le endilga unos cuantos miles de millones ajenos a él. ¿Verdad que resulta muy curioso?

El precio de la luz es demasiado político

Diga lo que diga Soria –quién sabe hasta dónde puede llegar– la luz sube o baja por obra y gracia de los gobiernos y de las grandes eléctricas con capacidad de influir en el precio del mercado –son un oligopolio– y en los despachos de los gobernantes.

Si la luz ha subido mucho durante los últimos años ha sido por decisiones de política energética con las que se puede estar de acuerdo o no; en cualquier caso, es mejor pagar más ahora que seguir negando la realidad y generando déficit e intereses.

La luz podría bajar si se quitaran de la factura elementos ajenos a ella, si los peajes se calcularan en vez de decidirse, si hubiera más competencia y si se instalaran más renovables

 

Y si la luz sigue subiendo, también es por decisiones de política energética, porque podría bajar si se quitaran de la factura elementos ajenos a ella, si los peajes se calcularan en vez de decidirse, si hubiera más competencia y si se instalaran más renovables.

Fuente: http://blog.gesternova.com/