Cada vez que se va a producir la subasta de electricidad para las Tarifas de Último Recurso, se reproduce el rito de cuestionar el funcionamiento del mercado mayorista español de electricidad. No falla, es algo que es casi un ritual. Dan igual las condiciones de demanda y de oferta, o si las condiciones metereológicas, estacionales, pluvioméntricas o de viento favorecen el crecimiento de los precios o no.

Da igual qué partido gobierne. Y da igual quién esté al frente en los órganos reguladores, confirmando su amarillismo. También da igual si las decisiones políticas pasadas o los errores regulatorios de los que nadie se hace cargo influyen en las tendencias de los precios. Y, por tanto, también da igual y por eso se hace abstracción y disimulo interesado y vergonzante de la traslación de los nuevos impuestos aplicados a las distintas tecnologías de generación o a sus empresas y que tienen efecto en sus costes o en su financiación.

Se trata de invocar a una especie de justicia social sobre el precio de la electricidad que tapone la subida mediante el procedimiento del aprovechamiento de la realidad, a través de encontrar comparativas históricas, intermensuales, interanuales o interseculares que puedan apoyar tesis para que el mercado y sus agentes se sientan presionados a la baja. Se trata de proponer un supuesto justicialismo peronista que se basa en clamar sobre lo caro que está todo en una justicia absoluta al margen de los mecanismos, la ley y la realidad. Y, para ello, no se duda en buscar elementos que sugieran la existencia de mecanismos maliciosos en el mercado español que, por otra parte, con la entrada de nuevos operadores, se ha vuelto fuertemente competitivo.

Y, del mismo modo, da igual que las sospechas que se deslizan sobre el mercado acaben siempre diluidas completamente, o simplemente finalicen en cuestiones meramente residuales como la resolución puntual de ciertas restricciones técnicas (en muchos casos, que responden a un análisis económico correcto), con un impacto ridículo en el montante final del coste de la energía y del suministro.Pero, eso sí, sirven para incendiar la cultura del escándalo y magnificar su alcance, lo que todos hemos entendido siempre como el «cholocate del loro». Pura bisutería.

Pero, es más: los mismos que censuran oportunistamente al mercado mayorista español en estos momentos del año, se callan ladinamente cuando los precios resultantes han sido ostensiblemente más bajos que en otros mercados europeos, algo que, además, ha sido una tendencia continuada. Es un ejercicio de ventajismo cínico, en el que cuando el mercado español produce precios muy bajos y da margen para amortiguar los costes de acceso, hay un silencio sepulcral. Mientras, si el mercado no da la satisfacción de inmolarse lo suficiente en pos de la cultura del coste administrado, se ceba la bomba de las suposiciones y elucubraciones.

El Gobierno alimenta esas sospechas para sacudirse en parte la presión política que tiene en la elaboración de la orden de peajes y al mismo tiempo trasladar su responsabilidad en la política energética respecto de los precios globales (que son los importantes) incluyendo todas las partidas que forman parte del coste del suministro. Un modelo de análisis político adanista. Lo que no va en lágrimas va en suspiros.

Por otro lado, este Ejecutivo no tiene especial convicción sobre las instituciones. Y un mercado es una institución. Por tanto, quizá la postura más subversiva de un Gobierno es la de dinamitar las instituciones, en un comportamiento un poco inconsciente y terrorista. Entre otras cosas, porque lo que le gustaría a un Gobierno en su condición de intervencionista es un «mercado administrado» que sería lo mejor de lo mejor, aunque sea una contradicción in terminis.

Además, el Gobierno teme enormemente que emerjan las suspicacias con respecto al resto de las decisiones de política energética, que ésas sí tienen un carácter arbitrario, discrecional, volitivo para todos los concernidos y/o beneficiarios, y que han sido y son el centro de gravedad del fuerte incremento de precios en España en los últimos años. Por eso la solución dogmática de exacerbar las tendencias antiempresariales en la población de un país en el que sus ciudadanos son contrarios en un 70% al capitalismo es sencilla, eficaz y tremendamente seductora. Si a eso se le añade la «teoría de la conspiración», miel sobre hojuelas.

Por tanto, ya saben. Si el mercado no es buenecito, o no se comporta como se le espera, que se prepare.

Fuente: energiadiario.com